La privatización se presenta como una fórmula de evitar la sumisión a los mercados. Pero de los mercados ya se depende, el ataque especulativo ha conseguido secuestrar Parlamento y Gobierno y El plan de choque del capital sigue adelante.
La privatización de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y de Loterías y Apuestas del Estado pretende reducir el déficit público y la emisión de deuda soberana. La deuda soberana son los títulos bursátiles que emite un Estado determinado para obtener financiación de los mercados de valores en una situación en que resulta imposible obtenerlos mediante la recaudación de impuestos.
El Estado español tenía previsto en el 2011 emitir títulos para recaudar unos 45.000 millones de euros, aunque las privatizaciones reportarían unos ingresos a las arcas públicas que permitirían rebajar la emisión de deuda a entre 30.000 y 31.000 millones de euros. Eso según el Gobierno español, porque, en esta segunda semana de marzo, Moody’s -que es una agencia de calificación- ya le ha lanzado un dardo al gabinete de Zapatero: quizá la capitalización que necesitaría el Estado y las Comunidades Autónomas debería hacer emitir Bonos por valor de hasta 100.000 millones de euros. Ahí vemos la particular forma en que el capital financiero hace favores a la economía real.
Efectivamente, para valorar la medida hay que tener ciertas nociones sobre qué es la deuda soberana. No se trata de un préstamo convencional concedido por un banco grande. La deuda soberana son Bonos colocados por el Estado en la bolsa para que sean grandes inversores los que al comprarlos den a éste el dinero necesario para desarrollar sus funciones, la de servicio público, las de mantenimiento de infraestructuras y también aquellas que posibilitan el control social y represión. Esto hace que la deuda soberana pueda llegar comportarse como un valor cualquiera, vulnerable frente a la especulación y los vaivenes de la oferta y la demanda –existen conglomerados financieros especializados en fondos soberanos, piratas que siempre viajan en clase Business, para los que no es difícil alterar el precio de la deuda soberana-.
El valor de la deuda está en relación directa con la posibilidad de cobrarla, cuanto más complicada de cobrar es una deuda más intereses se tendrán que ofrecer al comprador en compensación por el riesgo. Su “precio” depende en consecuencia de infinidad de factores económicos, sociales y políticos que son ponderados por las “agencias de calificación” de riesgo a la hora de poner nota a los Bonos. Esas agencias, llamadas de rating (rating viene de ratio) son instituciones financieras privadas (empresas) cuyo único aval es su trayectoria como consultoras en el sector financiero. El sector del rating es un oligopolio de tres empresas con sede en new York, en la misma boca del lobo, Wall Street y ni que decir tiene que son tan sensibles ante el poder de su cliente -que podría no pagar en caso de no obtener la calificación deseada- como ante la constelación de capitales participados en dichas empresas, clientes importantes como grandes trasnacionales, intereses de sus consejeros ejecutivos y otras influencias de lo más opaco.
La dependencia de los gobiernos respecto de los mercados financieros que supone la deuda soberana se concreta en que en función de los mercados financieros y los intereses de los grandes inversores corporativos la disponibilidad de líquido a medio plazo puede encogerse, congelarse, o volar por el aumento desmesurado de los intereses a pagar… y es esto lo que lleva a los gobiernos a dejar de lado a sus votantes y realizar reformas legales y presupuestarias para contentar por una lado a los inversores y por otro a los amigos de las agencias de calificación.
A bote pronto rebajar la emisión de deuda soberana, aunque sea a costa de privatizaciones, podría parecer una buena idea. Cuanto menor sea la deuda mejor para todo el mundo, puesto que de lo contrario el capital tendría resortes para obligar al personal a doblegarse a sus intereses. Quizá el Gobierno no está ya en el momento de evitar el control de los mercados, ni puede ni quiere hacerlo, y es como algunos dicen un “gobierno muerto”.
AENA es la agencia estatal que desarrolla las actividades necesarias para la actividad de las compañías privadas de transporte aéreo de personas y mercancías, es decir: controla por un lado el espacio aéreo y además gestiona los aeropuertos. AENA presta un servicio que difícilmente puede ser asumido por una empresa privada. Los estándares de calidad y seguridad de su servicio hacen que no pueda ser rentable. Aunque también es cierto que, por si eso no fuera bastante, los caprichos de los Partidos del turno han llevado a realizar inversiones absurdas a lo largo y ancho del Estado para dotar a toda ciudad de aeropuerto, independientemente de su previsión de uso y las posibilidades reales de amortizarlo, lo que ha aumentado los gastos de mantenimiento de infraestructuras de utilidad social más que relativa. Esto se traduce en que la deuda que acarrea AENA (12.000 millones) hace que la venta de su 49% deba hacerse a precio de ganga porque su déficit la deprecia sustancialmente (Valor de AENA estimado sin contar la deuda se acerca a los 30.000 millones de euros y, aunque hay valoraciones muy superiores, su precio descontando la deuda sería de algo más de 16.000 millones, 8.000 millones se sacarían vendiendo el 49%). La solución no podría ser más previsible: se privatizará la parte correspondiente a los aeropuertos por ser la más atractiva al capital privado, más susceptible de rentabilizarse a base de recortar aquí y allá.
La privatización del 30% de Loterías y Apuestas del Estado sin embargo es una operación limpia y sin mancha. La empresa pública, heredada de un antiguo monopolio del Rey, es un negocio muy rentable y tiene un valor de mercado de entre 15.000 y 20.000 millones de euros, de los que se liquidaría mediante privatización el 30%. No falta quien dice que estas estimaciones están hechas muy a la baja y que ese 30% de Loterías es un verdadero caramelito regalado al capital. Y es que es absurdo desprenderse de un negocio que difícilmente podría ir mejor, pero se justifica en la suculenta transfusión de líquido y en el posible aumento de impuestos sobre los premios que gozaban de ciertas exenciones.
La privatización de AENA previsiblemente traería consigo un aumento de las tasas aeroportuarias (estimado del 25% por los sindicatos), aumento de la precariedad y temporalidad que ya conocen la plantilla que asciende a 12.000 trabajadoras y trabajadores. También se quiere golpear la negociación colectiva, debilitar los convenios y desvincular plantillas de diferentes aeropuertos. Sería lamentable que ahora se pase por encima de estas personas desmantelando un servicio público, se justifique el típico “saneamiento” que acompaña las privatizaciones y se desemboque en un déficit de calidad en el servicio y de seguridad de consecuencias imprevisibles. La plantilla está defendiendo que se suprima la temporalidad, que hoy afecta al 25% de la misma. Se están jugando el pan en medio de la crisis y están defendiendo un servicio público a contracorriente.
Es el modelo liberal. Que las Loterías funcionan, no pasa nada, ya funcionaran a mejor privatizadas. Se recortan gastos en personal, las empresas ganan más dinero y la clase trabajadora sale empobrecida. Pan para el patrón y hambre para la clase trabajadora. Así es el neoliberalismo: compatibilizar beneficios con despidos, su gran formula. Claro, que esa gente precarizada, esa clase media desbancada, ya no consume. Pero ahí ya no llega el planteamiento. Que el neoliberalismo acabe con la clase media y su capacidad de consumo, el llamado efecto riqueza, no preocupa ni a corporaciones ni a Partidos. Modelo neoliberal: liquidar. Pan para hoy (insuficiente) y hambre para mañana, a sumar a la de hoy. Empeorar las condiciones de empleo es destruir el efecto riqueza que ha impulsado la economía capitalista.
La privatización se presenta como una fórmula de evitar la sumisión a los mercados. ¿Pero a quien pretenden engañar?, ye o lupo n’o ganau. No se trata de privatizar para evitar la dependencia de los mercados. De los mercados ya se depende, el ataque especulativo ha conseguido secuestrar Parlamento y Gobierno. El plan de choque del capital sigue adelante: han sacado una reforma laboral, han derribado el sistema público de pensiones, se van a bancarizar las cajas y se comienza a privatizar lo privatizable.
Si todo eso lo han hecho en menos de un año y la crisis solo acaba de asomar la cabeza, ¿Cuántas manzanas le quedan a Juanito?
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