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Puyalón de Cuchas contra los recortes en la Administración Local

    De entre todos los recortes planteados por el gobierno del Estado español el pasado 13 de julio, uno de los que más desapercibido ha pasado ante la opinión pública aragonesa ha sido el de la nueva ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, de acuerdo con el rimbombante nombre que le ha dado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas; una ley que no conocemos en detalle, pero a la que, por lo que conocemos hasta ahora, en Puyalón de Cuchas no podemos más que oponernos radicalmente.

    En él avance que de la nueva ley hizo público el gobierno, se atacaban una serie de principios básicos de la representatividad y de la autonomía municipal; así, y a grandes rasgos, se anunciaba la eliminación de competencias municipales, de entidades locales menores, mancomunidades y de más del 30% de los puestos de concejal a nivel estatal, todo ello en favor de las Diputaciones Provinciales; lo cual no quiere decir más que una cosa: esta reforma, este recorte, no es solamente un recorte neoliberal, sino que, como muchas otras decisiones tomadas por el PP tanto central como en Aragón – caso de la Ley de Lenguas, o el recorte de horas a las maestras de aragonés-, son medidas de un profundo carácter centralista, españolista y autoritario.

    El papel histórico de las Diputaciones Provinciales

    Las Diputaciones Provinciales nacen entre 1833 y 1837 con un gusto francés, urbanita y jacobino, como forma de organización del Estado liberal español. Partían de una supuesta racionalización de las estructuras territoriales de la administración, pero muy pronto se convirtieron en el punto de encuentro del poder central y de los caciques locales. No solo eso, sino que rompían con las formas de organización propias de los distintos pueblos del Estado español. De hecho, la creación de las provincias marcaría la desaparición política y administrativa de Aragón desde 1832 hasta 1982.

    Y aunque la muerte del Dictador cambio las caras en las Diputaciones, al menos parte de ellas, no alteró la norma básica de su funcionamiento interno, profundamente arraigado en el caciquismo, la falta de democracia y el centralismo. Así, aún hoy, las Diputaciones son órganos de elección indirecta en tercera instancia: la ciudadanía elije a sus concejales, los partidos eliminan a los concejales que pueden entrar en la diputación y estos conforman gobierno. Todo ello, démonos cuenta, pasado por el filtro de las cúpulas provinciales de los partidos, que entre todos los elementos podridos del sistema democrático estatal, es probablemente el que peor olor desprende.

    Carácter y consecuencias generales de la nueva ley.

    Por lo poco que ha trascendido, la ley contempla una serie de aspectos básicos:

    • Delimitar “competencias impropias” y propias. Esto es otra forma de decir que los ayuntamientos no podrán reforzar sus servicios en educación y sanidad de modo autónomo. Tampoco podrán endeudarse para, por poner un ejemplo, sufragar los gastos judiciales derivados de la lucha contra un proyecto agresivo con el municipio, prestar asesoría contra desahucios, etc.
    • Creación de un “estándar de servicios obligatorios” y facultativos (los no obligatorios). En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, acceso a los núcleos de población, pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. Si el ayuntamiento no puede garantizar estos servicios, no recibirá financiación para nada más.
    • Supresión de las entidades locales menores existentes: pedanías, barrios rurales, etc. Dado que el PP no podía cargarse ayuntamientos a mitad de legislatura municipal, ha decidido que la forma de meter en vereda al mundo municipal es someterlo más estrechamente al poder central y provincial -como hemos visto- y crear un microcentralismo dentro de cada municipio. Hasta ahora, pedanías, barrios, y otros núcleos menores tenían entidad jurídica propia y, con limitaciones, podían obrar de una manera autónoma, algo fundamental para mejorar las condiciones de vida del pueblo. Desde ahora, los veintitantos núcleos que dependen de L’Aínsa – Sobrarbe, los más de cincuenta que lo hacen de Samianigo, etc., dejan de tener existencia legal y pasan a ser tan núcleo urbano como la Colegiata o Pirenarium.

    Su aplicación en Aragón. La insuficiente crítica de las organizaciones estatales

    En Aragón, la aplicación de la nueva ley reviste dificultades añadidas. De entrada, el texto presentado por el Gobierno no avanza más allá de que se reforzará el papel de las Diputaciones Provinciales y de las Comarcas allá donde existen (Aragón y Catalunya; CAV y Castilla y Leon en menor medida). Es decir, en nuestro caso se afianzará la estructura caciquil creada en torno a las comarcas; queremos recordar que las comarcas, en un nivel micro, tienen el mismo funcionamiento interno que las Diputaciones Provinciales. En un error de cálculo, el caciquismo del PAR pensó que crear 33 mini Huescas, Zaragozas o Terueles reforzaría su poder local, al tiempo que crearía una población flotante en torno a estas cabeceras comarcales, paliando así la despoblación. Craso error: el problema de la despoblación viene por la situación de abandono del medio rural aragonés, no por su lejanía de una capital. Por eso, desde Puyalón de Cuchas apostamos por un nuevo modelo comarcal, con democracia directa y un mundo rural autónomo, no sometido a los dictados de ningún núcleo urbano

    Y la causa de apostar por este modelo es evidente: como ponen de manifiesto los casos de Aramón, Gran Scala, Motorland, etc., las comarcas se alían con el resto de estructuras de poder y con el capital para impulsar proyectos insostenibles. Un poder municipal autónomo no es, por supuesto, garantía de nada, pero nos merece más confianza que dejar en manos de organismos sin ningún tipo de elección o control democrático las competencias o los derechos que la nueva ley da a provincias y comarcas. Porque, ¿hemos olvidado ya a José Marco? Tal vez alguien sí, de acuerdo: ¿y a Carlos Fabra en el País Valencià?

    En otro orden de cosas, por esto, por el rol que se reconoce a las comarcas, en Aragón afectará menos una de las medidas que más críticas ha generado en otros puntos del Estado, como es la supresión de las mancomunidades que no superen unos criterios impuestos por el Gobierno español. Con todo, unos 320 municipios aragoneses siguen gestionando de unos pocos a decenas de servicios – servicios sociales, transporte, gestión de aguas, de residuos, etc.- a través de las mancomunidades. Y lo hacen generalmente, allí donde le es más difícil llegar a la provincia o a la comarca, en sus periferias: Alto Pirineo, las zonas más despobladas del Sistema Ibérico,… y Zaragoza.

    En efecto, la desaparición por decreto de las Mancomunidades que no sean viables supone una situación complicada para el entorno de Zaragoza: con unos municipios sin competencias, sin mancomunidades, sin comarca y sin Ley de Capitalidad en marcha, la financiación y viabilidad del abastecimiento de agua, el transporte, la recogida de basuras, etc. en la comarca de la capital quedan en serio entredicho. Recordemos que no hablamos de un escenario apocalíptico: en Torrecilla de Valmadrid, a veinte kilómetros de Zaragoza, hace apenas unos meses que se restableció plenamente el suministro de agua corriente.

    Capítulo aparte (y final) merece la cuestión de cómo se ataca a la representatividad en la política municipal con la nueva ley. De los actuales 4359 concejales se pasaría a unos 3000, en función de los nuevos tramos de población que se apliquen, es decir, se perderían más de 1300 concejales, cargos públicos no remunerados en su mayoría. Actualmente, solo 257 concejales lo son en Aragón de los municipios de más de 10.000 habitantes, con lo cual, sin defender el actual sistema representativo, entendemos que supone una gigantesca pérdida de vitalidad para el ámbito rural del país en cuanto a capacidad de compromiso por el pueblo.

    Por eso, las críticas que desde la socialdemocracia y la izquierda española se lanzan a esta ley nos parecen oportunistas. ¿El problema es la perdida de representatividad que acarrea? ¿Desde cuándo? El problema es la falta de democracia en unos pueblos atenazados por el caciquismo y un sistema político injusto. Por supuesto que no es de recibo en una democracia liberal que se estreche el margen que los partidos minoritarios tienen para participar en las instituciones, máxime cuando con el nuevo régimen local se basará largamente en las Diputaciones Provinciales y las comarcas, órganos a los que no se accede por sufragio directo, sino por el número de concejales obtenidos en las elecciones municipales que, con menos concejales, son menos proporcionales.

    Pero precisamente por eso, un poder municipal real ha de basarse, y más en los pueblos más vivos y concienciados, en un control férreo de las instituciones, en la censura y en la sujeción de los cargos públicos a las decisiones de las asambleas y no de los órganos partidarios, sean estos de la naturaleza que sean. Los lamentos de las terceras fuerzas políticas de todo el Estado por ver reducida su cuota de poder territorial nos suenan a firme propósito de entrar en el juego del sistema electoral vigente. Siendo toda la reforma preocupante, la situación de privación de autonomía (economía y política) para los ayuntamientos, la desaparición de las entidades locales menores y el ataque a las mancomunidades en beneficio de las anacrónicas Diputaciones Provinciales son los elementos clave de una reforma que solo podemos interpretar como un nuevo ataque neoliberal, español y autoritario contra todos los pueblos que habitamos el Estado.

    Propuestas de Puyalón de Cuchas.

    Como es sabido, la Cucha Independentista ha apostado siempre por un Aragón Libre compuesto por una Federación de Comarcas. Por consiguiente, hemos interpretado la Provincias, y sus órganos de poder (Diputaciones, Delegaciones del Gobierno, Instituciones culturales como la Institución Fernando el Católico) en base a su función respecto a este proyecto: entes de naturaleza eminentemente centralista y española, cuando no de claro origen fascista. Por ello, entendemos que no queda otra salida que su desaparición como centro de gestión, órgano de poder y circunscripción electoral.

    A este respecto, asimismo, apostamos por la liquidación del actual modelo de comarcas, y pasar a otro en el que se salvaguarde la labor de estas demarcaciones como prestadoras de servicios y ámbito de decisión ciudadano en el marco de las políticas locales. Para ello, es preciso definir las funciones y competencias de las diferentes administraciones que operan en Aragón, avanzando especialmente y como queda dicho, en el vaciado competencial y desaparición de las Diputaciones Provinciales.

    En cualquier caso, nos oponemos a seguir el juego al discurso de los gobiernos aragonés y español, que bajo la máscara de la racionalización y la delimitación de competencias no ocultan más que nuevos recortes, nuevas amputaciones a los derechos sociales del pueblo aragonés, ya bastante recortados de por sí en las comarcas y regiones más rurales desde hace años. En ese sentido, entendemos que ninguna reforma del modelo territorial debería incidir en la “colaboración público-privada” para la prestación de servicios sociales o públicos, apostando por recurrir al sector público como principio político y de eficiencia básico.

    Pero sobre todo, constatamos que para que las comarcas sean un modelo factible y deseable de gestión y participación, es precisa una profunda reforma democrática de su funcionamiento; reforma que como hemos venido diciendo debería articularse en torno a los siguientes puntos:

    • Mantenimiento del actual número de Consejeros comarcales, asegurando así la pluralidad de la representación y el acceso a las instituciones de las minorías, profundizando en la democratización de éstas y abriendo espacios a la participación ciudadana.
    • Implantación de la elección directa de los Consejero Comarcales mediante la votación de candidaturas en lugar del actual sistema por el cual son los partidos los que designan sus consejeros en base a los resultados en las elecciones de los ayuntamientos.
    • Disolución de las Diputaciones Provinciales y reparto de sus competencias entre DGA y Comarcas.
    • Gran acuerdo nacional que defina y delimite las competencias de todas las instituciones aragonesas que evite duplicidades y disfunciones.

    Entendemos que todas estas reformas son necesarias y gozarán de éxito si se afrontan con criterios de fomento de la democracia directa en los ámbitos que sea viable, de control popular de las actividades comarcales y de sus representantes y flexibilidad en la integración de los municipios y de los servicios en las comarcas, buscando no recrear el modelo centralizado, jerárquico y cerrado de funcionamiento de las Diputaciones Provinciales.