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El drama de la Escuela Rural o el fin de los pueblos aragoneses

    Aragón posee un territorio característico, extenso, con una particular orografía y climatología que dificulta su vertebración dispersando los núcleos de población.  Añadimos una amenaza que lo asola, el drama de la despoblación.

    Una realidad sociodemográfica y territorial que debe determinar el modelo educativo aragonés y con ello la propia fisionomía de la Escuela pública rural aragonesa.  En Aragón, 92 colegios unitarios tienen diez o menos estudiantes mientras los alumnos y alumnas se reducen a la mitad en otros cuatro centros.  Un total de 21 colegios rurales cerraron sus puertas en los últimos cuatro años, sólo durante el presente curso han sido 10 escuelas las desaparecidas por falta de alumnos.

    Además existen 78 CRAs o Colegios Rurales Agrupados, que aglutinan 368 aulas rurales localizadas en distintos pueblos, en muchas ocasiones se trata de aulas compartidas por alumnos y alumnas de diferentes edades, un tipo de centros más numeroso por estas particularidades poblacionales que  en otras zonas del Estado.

    Ante este panorama, la buena gestión de la Escuela pública en el medio rural es vital para la propia supervivencia de los pueblos aragoneses.  En pasadas declaraciones, Luisa Fernanda Rudi, Presidenta del Gobierno aragonés lo dejaba claro “Si hay menos niños indudablemente harán falta menos plazas en las escuelas infantiles”.  La lógica debería ser inversa.  La garantía de unos servicios básicos en educación y sanidad, reforzar las vías de comunicación y desarrollar medidas de crecimiento económico en el medio rural con el fin de vertebrar el territorio del país tendrían que ser los bastiones de las políticas que emanan de la Administración plantando cara al alarmante descenso de la población ante la evolución negativa de la natalidad y una emigración, demasiadas veces, forzosa.  Nuestros pueblos se quedan vacíos mientras crece el desarraigo.

    Probablemente, es en el medio rural, donde los recortes presupuestarios emanados desde el Departamento de Educación de Aragón se reflejan de forma más dramática.  En virtud del Real Decreto 14/2012, de medidas urgentes de racionalización de gasto público en el ámbito educativo, Dolores Serrat, Consejera del Departamento de Educación, ha hecho pública la eliminación para el próximo curso del primer ciclo de Secundaria (1º y 2º de la ESO) en aulas rurales de 15 localidades aragonesas.  Hablamos de Gurréa de Gállego, Tardienta, Boltaña, Benabarre y Altorricón en Huesca y Cedrillas, Aliaga, Cuevas de Almudén, Hinojosa de Jarque, Perales de Alfambra, Muniesa, Castellote, Cuevas de Cañar, Tramacastilla y Royuela en la provincia de Teruel.  La consecuencia directa es que los alumnos y alumnas, a partir de los 11 y 12 años tienen la obligación de desplazarse a diario desde su pueblo a localidades de mayor tamaño.  Pero hay otras, según los equipos directivos de algunos centros, la desaparición de estas unidades puede condicionar la propia desaparición de las escuelas por la disminución de estudiantes matriculados.

    Este ataque a las zonas rurales no es nuevo, desde FAPAR y las AMPAS de pueblos con menos de 300 habitantes alertan desde hace años del riesgo de cierre de centros de enseñanza localizados en zonas donde la orografía además dificulta el transporte de los alumnos y las alumnas que deben transitar por carreteras comarcales.

    Son evidentes, las barreras a las que deben enfrentarse los alumnos y alumnas aragoneses que viven en pueblos en relación a las oportunidades que ofrecen los grandes municipios por lo que deberían dictarse medidas de compensación positiva.  No obstante, las políticas de reducción de presupuestos en servicios sociales junto con políticas, como la próxima Ley de Racionalización y Estabilidad de la Administración Local, ahondan en la brecha entre el ámbito rural y el urbano, lo que se traduce en una mayor desigualdad en la prestación de estos servicios.  Pueden hacer plantearse a las familias abandonar sus pueblos y emigrar a la ciudad, ya que la única oferta educativa que hay en estas zonas es la escuela pública.

    Son retrocesos que olvidan la Ley 45/2007 de Desarrollo Rural Sostenible y del Real Decreto 752/2010 para los años 2010-14 que contemplan la prioridad de la educación en zonas rurales donde se podrían definir medidas para favorecer el aumento de población estable en estos municipios.

    Se hace necesario observar las cifras presupuestarias previstas para este año, con una inversión para Educación de 888 millones de euros, lo que supone un engañoso aumento del 0,22% con respecto al año 2013.

    La realidad a la que nos enfrentamos es que en Aragón, desde el año 2009, las partidas presupuestarias generales para programas educativos desarrollados desde diferentes Consejerías han sido reducidas en un 20,7%, unos 231 millones de euros  Sólo nos aventajan en recortes el propio Ministerio de Educación que encabeza la lista con un 27,9%, Castilla la Mancha y Cataluña.

    Resulta interesante añadir que, en cifras globales y pese a que hay otras zonas del Estado más perjudicadas, con respecto al presupuesto que gestionamos, somos una de las poblaciones más castigadas, superando en varios puntos la media estatal (17,65) y multiplicando hasta por seis los recortes ejecutados en otros lugares como Extremadura.

    El cómputo global se aleja exponencialmente de esas cifras que se empeñan en mostrar como positivas.

    Son recortes presupuestarios que han recaído principalmente en la reducción de la plantilla de profesorado   fomentando además su inestabilidad (lo que repercute gravemente en el desarrollo de proyectos educativos en los centros a medio y largo plazo) y en el aumento de la ratio de alumnos y alumnas por aula.  Pero también se ha visto mermado el acceso a becas y los programas de atención a la diversidad.

    Matizando las actuaciones del Gobierno de Aragón con respecto a la Escuela rural, estos números y medidas se completan con otras.

    Se produce un traspaso de los fondos para la Educación Infantil de Primer Ciclo (0-3 años) desde el Departamento de Educación a las propias comarcas, que sin embargo y por ley, carecen de estas competencias.  La consecuencia inmediata es una desigual gestión con la consiguiente pérdida de equilibrio territorial e igualdad de oportunidades y en ocasiones la falta de fondos para gestionar los centros.

    Las becas de material escolar y comedor forman parte de un fondo que no gestiona de manera exclusiva el Departamento de Educación.

    Frente al engañoso aumento del presupuesto en el 2014 dedicado al transporte escolar -un 1,2% con 16,7 millones de euros-, el resultado es la supresión de más de 200 rutas, 30 de ellas de Educación Primaria.  Estos alumnos y alumnas se derivan al transporte ordinario.   Las repercusiones son graves, no sólo para los alumnos, sino por la naturaleza de las propias empresas de transportes en el medio rural, pequeñas e incluso familiares, abocando a estas personas al desempleo.

    La reducción de los fondos dedicados a los CRIEs, Centros Rurales de Innovación Educativa. Los cuales son elementos de compensación y socialización de los niños que viven en núcleos aislados y que durante una semana cada trimestre, comparten experiencias con otros niños.  En ocasiones esta reducción ha supuesto el cierre de centros, pero también el esfuerzo económico de las familias ya que deben pagar una cantidad para ser usuarios de este servicio público antes gratuito.

    Cuando las políticas educativas siguen criterios economicistas, el objetivo se traduce en lograr aulas llenas forzando las ratios, sin atender a otras circunstancias educativas, lo que acaba por atentar gravemente contra una educación en la que se garantice la igualdad de condiciones.

    No es más que un modelo político reflejo de un claro patrón ideológico con amargas consecuencias a medio y largo plazo, amplificadas, en el medio rural aragonés.  Son tiempos de abandono institucional del sistema educativo rural, de soledad y aislamiento en sus escuelas.